Ibiza Melián

El presente trabajo ha buscado demostrar que erramos si creemos que la corrupción se debe a una cuestión de personas, pero también de época. Pues resulta preocupante pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cuando un análisis riguroso de la historia nos muestra más bien lo contrario. Aflorando supuestos de gran repercusión incluso en etapas donde la libertad de expresión era muy limitada. Uno de los grandes escándalos se remonta al Siglo de Oro. Protagonizado por el Duque de Lerma. A quien se le relaciona con uno de los primeros "pelotazos" urbanísticos. Otro caso sonado fue el protagonizado por la Reina regente María Cristina de Borbón. Se le acusaba de utilizar fondos de las arcas estatales para sus negocios privados, abuso de poder y uso de información privilegiada. Durante la Segunda República estalla el asunto del estraperlo. Ruleta eléctrica que manipulaba el juego en los casinos. Su implantación fue autorizada por los gobernantes estatales, quienes presuntamente recibían una comisión a cambio del permiso. En la primera etapa del franquismo se comerciaba en el mercado negro con todo tipo de productos, encontrándose implicados supuestamente políticos y funcionarios. Otro caso de repercusión internacional fue el de Barcelona Traction. O los hechos relacionados con MATESA, que se airearon en los medios de comunicación gracias al enfrentamiento entre dos sectores del régimen: los "tecnócratas" y los "azules". Y con la Transición no cambiaron mucho estos indeseables comportamientos. Por lo que la única alternativa es defender la adopción de ciertas medidas y no de bandos, si de mejorar nuestra calidad institucional se trata. (Leer más) 

El problema español no es nuevo, sino que en ciertos momentos, determinadas circunstancias lo muestran con virulencia. Por lo que resulta iluso pensar que la gran transformación vendrá por el simple hecho de cambiar unas caras, unas siglas, o a una hipotética tribu de adscripción por otra. La única diferencia, entre los países con menores índices de percepción de la corrupción y otros más desaventajados, radica en las medidas que se adoptan. Resultando primordial garantizar que funcionen todos los controles: los propios de la inicial separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial); los internos de la Administración Pública; además del ciudadano. De tal manera que para asegurar la separación de poderes se plantea la elección uninominal por circunscripción electoral. Con el fin de mejorar la participación y empujar a que cada uno vote a quien desee, por muy minoritaria que sea la opción, se instauraría el sistema de rondas múltiples. A nivel municipal se pasaría de la figura del "strong-mayor" a la del "city-manager". Se recomienda fusionar Ayuntamientos y eliminar Diputaciones. De igual modo, se proponen los presupuestos participativos, lo que ayudaría a incrementar el control ciudadano. (Leer más) 

La esencia del gobierno abierto está muy relacionada con la de acceso a la información, porque abrir un gobierno es poner a disposición de todos los datos de su gestión. El Gobierno abierto se puede definir como aquel que sitúa al ciudadano en el eje central de sus políticas, empoderándolo y coordinándose con él mediante una comunicación bidireccional. Sustentado en principios tales como la transparencia o el empleo de las TIC. Convirtiéndose las nuevas tecnologías en el cauce para lograr otros propósitos: transparencia, participación y rendición de cuentas. Pues un gobierno transparente favorece la rendición de cuentas, al poner a disposición del ciudadano la información sobre su gestión. Un gobierno participativo potencia el pensamiento colectivo, a través del que se crearán propuestas para mejorar la labor de la Administración. Y un gobierno colaborativo implica a todos en la tarea de construir un país mejor. (Leer más) 

En España no existe supuestamente separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), que han de controlarse entre sí para evitar cualquier clase de abuso. Tampoco parece ser que defiendan convenientemente todos los empleados públicos el interés general de la Administración, frente a la probable inclinación partidista de los políticos. Deber emanado del artículo 103 de la Constitución española. Imparcialidad que queda cuestionado al hipotéticamente darse tratos de favor en el ingreso a la función pública. Procesos de selección donde podrían apreciarse conductas tales como: arbitrariedad, desviación de poder o la ya penalmente reprochable prevaricación. Así como la comisión del delito de revelación de secretos o bien el de falsificación de documento oficial. Tampoco queda garantizada la neutralidad al permitirse el paso de las ocupaciones de funcionario a las de político, sin penalización alguna y con posibilidad de retorno. O mediante el uso discrecional de la libre designación para colocar en puestos estratégicos a personas con una presunta actitud más laxa. O a través de la capacidad de decisión del cargo electo sobre el incremento o reducción de los emolumentos del funcionario que lo debe controlar. Con la consecuente contaminación de la función pública. Siendo por tanto bastante irónico preguntarse por qué no saltaron las alarmas del propio sistema ante los cuantiosos casos de corrupción acaecidos. (Leer más)

Una constante preocupación del primer Estado liberal fue garantizar la separación de poderes. Pues bien, esa embrionaria idea, de que los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) se controlaran entre sí, con el fin de evitar cualquier clase de abuso, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Así, en el supuesto español, queda en entredicho el poder judicial. Habiendo ya alertado el Consejo de Europa a España por la presunta intromisión de la política en los órganos judiciales, mostrando de igual modo su preocupación por la proliferación de los casos de corrupción. Es por ello que el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) emitió el 15 de enero de 2014 un informe. Documento en el que hacía énfasis en la necesaria imparcialidad de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además proponía revisar el criterio de ascenso de los jueces. En lo atinente al poder legislativo, luego de la Primera Guerra Mundial el parlamento pierde preponderancia en favor del ejecutivo, quedando prácticamente eclipsado hoy por este último. Ergo, alzándose finalmente victorioso el Ejecutivo sobre el resto de poderes. Lo que conduce a la inevitable proliferación de la corrupción, al fallar el sistema de contrapesos inicialmente concebido. (Leer más)

La Comisión Europea, en un Informe del 2014, señalaba como causas de la corrupción: al urbanismo, la financiación de los partidos políticos y la contratación pública. De tal manera que entre los delitos concretos derivados de la contratación pública, tipificados en el Código Penal, se encuentran: la prevaricación; el cohecho; tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; fraudes ilegales; negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Siendo los Ayuntamientos los puntos más perjudicados del sistema, según refleja la dilatada jurisprudencia sobre esta cuestión. Corroborando el 90% de las empresas españolas, encuestadas por el Eurobarómetro especial de 2013, dicha afección. Alertando igualmente la Unión Europea de los "favoritismos" por los candidatos locales a la hora de contratar. (Leer más) 

El artículo 45 de la Constitución española impone a los poderes públicos el deber de proteger el medio ambiente. Debiendo velar por la utilización racional de los recursos naturales. Y ello en base al derecho conferido a los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Lo que implica asimismo la defensa de la ordenación del territorio. Precepto relacionado a su vez, entre otros, con el 47 del mismo texto, al decretar que el suelo se ha de regular conforme al interés general con el fin de impedir la especulación. Configurándose por tanto como un bien jurídico constitucional. Habiendo sido durante mucho tiempo el desarrollo urbanístico una de las principales fuentes de ingreso de los Ayuntamientos. Siendo éstos las Administraciones Públicas más afectadas por la corrupción derivada de dicha actividad. (Leer más) 

La España caciquil de la Restauración, la abyecta telaraña de corrupción existente, llevó a clamar a Joaquín Costa por la figura del "cirujano de hierro". Refiriéndose al gobierno del sabio, del filósofo, influido por el mito de la Caverna de Platón. Las "minorías selectas" de José Ortega y Gasset, que deberían sustituir a la dirección del "hombre-masa". Siguiendo la estela de los institucionistas y krausistas. Pero esa "élite" o "cirujano de hierro" que supuestamente nos ha de gobernar y que ha de guiar a la masa, que presuntamente subsiste en minoría de edad, puede derivar en autoritarismos varios. Por lo que Popper afirmaba que no debemos preguntarnos "¿quién debe gobernar?", sino "¿cómo debemos gobernar?". Porque no es posible para Buchanan concebir a los políticos como "déspotas benévolos". Pues el ser humano, según indica Rawls, es auto-interesado por naturaleza. No cabiendo inferir que se va a guiar exclusivamente en pro de servir al bien común. Además es muy difícil detectar si los líderes sufren de algún trastorno de la personalidad. Tampoco podemos tener la certeza de hasta qué punto influirá en su comportamiento el entorno. Recreando asimismo las técnicas de persuasión y manipulación del discurso político un modelo mental en el receptor que hace muy difícil llegar a conocer la realidad. Por lo que lo coherente sería centrarse en establecer normas claras que hagan muy difícil transgredir la legalidad vigente. Y no poner el énfasis en buscar al político ideal, cosa harto complicada que se pueda dar debido a la esencia imperfecta del ser humano. (Leer más) 

Una característica de los países del Sur de Europa (España, Portugal, Italia y Grecia) es que el sistema electoral que han adoptado es el de listas de representación proporcional. Modelo que tiende a radicalizar las posturas. Además la relación entre los cargos y los electores se suele diluir, provocando desafección. Mientras que en EEUU y Reino Unido impera el sistema de mayoría simple que soslaya los extremismos y fomenta el pragmatismo opositor. Asimismo el vínculo de un representante con los electores de su circunscripción es bastante alto. Potencia igualmente la rendición de cuentas. Otro punto a reseñar es que en el Sur de Europa se permite, y en cierto modo se favorece, el paso del funcionariado a cargos políticos. Estados caracterizados por padecer problemas de clientelismo. El caso contrario es el de los países anglosajones, nórdicos o Alemania, quienes separan la carrera funcionarial de la política. Para evitar que los empleados públicos se centren más en tejer amistades con sus superiores políticos que en el desempeño propio de sus funciones. Garantizando la imparcialidad y neutralidad. Naciones que no sólo imponen límites para dar el salto del mundo funcionarial a la política, sino que también penalizan su retorno. (Leer más)